Texto del o2-04-2008,

Una visión clara y precisa del Derecho, de la Justicia y del sistema constitucional español se refleja en las palabras de este abogado mallorquín que, a lo largo de tres décadas, ha desarrollado su vocación como jurista dentro y fuera de su comunidad. Cónsul de Luxemburgo y profesor universitario, aboga por el debate constitucional y la revisión actual del Estado de las Autonomías. Reclama una clase política más cercana a la ciudadanía.

Treinta años de ejercicio y rigor profesional

Bufete Buades es uno de los despachos de abogados más grandes de Mallorca, con un perfil multidisciplinar. Disfruto con el derecho mercantil aunque actúo también en otras especialidades. Ejerzo en los Colegios de Abogados de Baleares y Barcelona. También soy profesor asociado del departamento de Derecho Privado del área de Derecho Mercantil de la Universitat de les Illes Balears desde el curso 1989-1990. Participo en otras instituciones como el Círculo de Economía de Mallorca, R.C.D. Mallorca y la Asociación Balear de la Empresa Familiar. Soy cónsul de Luxemburgo, un cargo del que me siento especialmente honrado. En 2007 recibí un premio de la revista Expansión en reconocimiento a una de las carreras más brillantes de los últimos veinte años, siendo el único abogado entre los premiados.

La efervescencia política de los setenta

Viví de cerca, en el entorno universitario, el período anterior a la muerte de Franco y la transición democrática posterior. Estudié Derecho en la Universidad de Barcelona porque en esos años aún no teníamos facultad en las Islas Baleares. Empecé la carrera en 1970 y la finalicé en 1975. Recuerdo las influencias políticas, ideológicas y sociales del movimiento estudiantil del Mayo del 68 en Francia, así como los trascendentales hechos de Portugal y Chile. Fueron años de gran efervescencia política internacional y, en España, tras la muerte del dictador, de grandes esperanzas de cambio.

Los años esperanzadores de la transición española frente a la actual apatía por la política

Entonces luchábamos para cambiar el mundo, para mejorarlo, y muchos objetivos se han alcanzado. Pero, transcurridas tres décadas de democracia constitucional, hoy asistimos a cierta apatía de una sociedad que ha rebajado su voluntad de lucha y de reivindicación. En esos años de transición existía una gran ilusión por alcanzar nuevos retos, proyectos… Vivíamos en la creencia de que se podrían hacer muchas más cosas de las que después se han logrado. Era una sociedad más solidaria, participativa e inquieta.

La justicia es un valor esencial para un país

Los políticos deberían ser conscientes de que la Administración de Justicia es un servicio esencial de una sociedad estructurada y democrática. Como todo servicio público, necesita de recursos económicos para su correcto funcionamiento. Los profesionales que actúan desde esta estructura tienen una formación y una competencia sólidas, pero la falta de recursos puede revertir en un empobrecimiento del funcionamiento del sistema. Uno de los principales inconvenientes que afectan la Administración de Justicia es que, a pesar de ser un servicio público imprescindible, no es de uso cotidiano por la generalidad de la población, como por ejemplo la educación o la salud. Esa demanda ciudadana esporádica agrava el abandono que sufre por parte del poder económico y político.

Hacia la recuperación del sentido de la justicia

El sentido de la justicia tampoco es el mismo ahora que hace treinta años. La justicia no se constriñe en el Derecho; implica valores solidarios, humanitarios, épicos. Actualmente, esta concepción amplia y espontánea de la justicia se halla más diluida que en el período de transición.

La revisión de la Constitución del 78 a debate

La Constitución española aprobada en 1978 es meritoria, amplia y robusta. La Carta Magna contiene una parte dedicada a los derechos fundamentales de la persona y otras que tratan temas diversos, como por ejemplo la configuración del Estado. En general, los derechos inherentes a la persona están bien reconocidos y regulados. El derecho de igualdad y el derecho a la vida son ejemplos de una excelente redacción, en la mayoría de casos breve, lo cual es incluso beneficioso. Es principalmente la parte relativa al ordenamiento del Estado la que da pie a posibles enmiendas y sobre todo a ajustes; las constituciones a veces se tienen que modificar porque los entornos en los cuales se desarrollan cambian. La sociedad ha evolucionado y debemos adoptar regulaciones acordes a la nueva realidad.

El miedo ciudadano al cambio constitucional

A los políticos les falta decisión y valentía para enfrentarse a la actualización constitucional. Temen que la ciudadanía no acepte la revisión y que reaccione de forma negativa. Temas complejos como el de las nacionalidades, la configuración del Estado, etc. deben tratarse desde el debate abierto, plural y riguroso. El ciudadano democrático es capaz de aceptar los cambios que beneficien al conjunto del país.

Hay que revisar las competencias asignadas a las diferentes administraciones

En España la administración local está mal tratada; las comunidades autónomas tienen un peso insuficiente en determinados temas y excesivo en otros. Es necesario introducir ajustes en las competencias otorgadas a las diferentes administraciones. La Constitución no es una verdad única y excluyente, cuanto menos intente positivar normas, mejor: debe crear principios que se desarrollen mediante el conjunto normativo que proceda y no pretender ser, en sí misma, un cuerpo normativo minucioso.

La mediatización de la Justicia

La interpretación alternativa del Derecho permite a una norma, según la ideología del intérprete o la realidad social del momento en que se aplica, ajustarse a las demandas reales de la ciudadanía, sin necesidad de modificar constantemente los preceptos. Los jueces que ocupan los escalafones más elevados de la magistratura, cargos a los que han accedido, en muchos casos, de manera discrecional, inevitablemente tienden a aproximarse al poder político y su actuación en determinados temas puede estar mediatizada, dada la trascendencia pública de sus decisiones. No obstante, en el poder judicial predominan los jueces que realizan un trabajo diario con multitud de temas en los juzgados y cuya labor sólo se rige por su profesionalidad y buen hacer. Siento un gran respeto por los jueces.

La separación de poderes, un principio difícil de alcanzar

La división entre poder judicial, legislativo y ejecutivo, una ordenación que caracteriza el Estado de Derecho moderno, no se logra fácilmente. Es dificultoso que los poderes funcionen separadamente. El intérprete último de la Constitución no debe ser el mismo legislador. Un tribunal constitucional es totalmente necesario si está dotado de las funciones que le corresponden. El Constitucional debe ser un tribunal no ordinario, garante de la esencia de la Carta Magna, integrado por magistrados independientes y bien formados, que sólo deben revisar las cuestiones de interés constitucional ajenas a la legalidad ordinaria. El problema reside en determinar quién debe estimular dicha institución. El legislativo tiende a ocupar espacios que no le incumben; por ello, es imprescindible un tribunal estable, que pueda indicar al ejecutivo, al legislativo y a las comunidades autónomas cuándo están actuando contra la Constitución y que, asimismo, vaya interpretando y adecuando la norma a los tiempos actuales.

La ley electoral debería permitir elecciones directas de representantes

La ley electoral es una ley positiva que crea controversias. La ciudadanía se siente poco identificada con esta norma que no permite votar al representante directo.

Repensar el Estado de las Autonomías

La gestión económica y de medios del Estado de las Autonomías no se ha planteado correctamente. Se han aplicado para todas ellas unos criterios estándares que no se ajustan a las diferentes realidades de cada zona. Las comunidades con nacionalidad definida, amplia población y un PIB elevado, es más razonable que tengan una importante autonomía de gestión de medios para facilitar la vida diaria. Pero hay comunidades con unas condiciones muy diferentes. Mantener en todas la estructura administrativa que conlleva la autonomía resulta costoso e innecesario. En el caso de las Islas Baleares, tenemos ayuntamientos, consejos insulares, gobierno autonómico, parlamento autonómico… todas esas administraciones, con altos presupuestos, para una población que ronda el millón de habitantes. Cuesta afirmar que el proceso descentralizador haya sido el más beneficioso para el país. A veces, criteritos de mayor uniformidad, en especial en cuestiones de gestión y materia económica, son más adecuados para solventar necesidades y vencer desigualdades. En todo caso, España en los últimos años ha avanzado y mejorado.

La Monarquía es factible mientras cumpla su función

No creo necesario hacer de la cuestión monárquica o republicana un tema capital de debate. Mientras la Monarquía ejerza las funciones que la ciudadanía le ha encomendado, está cumpliendo su cometido y, por tanto, es útil. Por supuesto no debe ser un problema que la Monarquía pueda ser asumida por una mujer.

Los políticos están al servicio de los ciudadanos

El político actual evidencia una clara tendencia mediática. A veces olvida que es un servidor civil, que es la ciudadanía quien le otorga su confianza y le encomienda la responsabilidad de gestionar la res pública. Los ciudadanos deben tener claro que el país lo construimos entre todos y los políticos lo administran en nuestro nombre y en el interés general.