Texto del 09/09/08
Fotografía cedida por Joaquín Remolar.
A caballo entre sus dos oficinas de La Vall d’Uixó y Valencia, Joaquín Remolar ejerce la abogacía centrado en los ámbitos civil y mercantil. Desde una perspectiva crítica y serena, analiza el camino recorrido por los españoles hacia la democracia. Se muestra partidario de la consolidación de un Estado fuerte, capaz de equilibrar los desajustes entre las autonomías y de promover la concordia, la cultura y el progreso de todos los ciudadanos.
Ejercicio profesional enriquecido por la formación continua
Inicié la carrera en 1980 y obtuve la licenciatura en Derecho por el Centro Universitat València en 1985. Posteriormente, cursé diversos estudios de postgrado, así como varios másteres: en Asesoría Jurídica de Empresa por el Ceu San Pablo, en Asesoría Fiscal por la Escuela Superior de Estudios Empresariales y otro Bursátil y Financiero por la Fundación de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valencia. También he realizado los cursos de doctorado en la Universitat Jaume I de Castellón, cuyo trabajo de investigación versó sobre el campo de las cooperativas de trabajadores. Durante muchos años fui profesor asociado de Derecho Mercantil en el Departamento de Derecho Privado de la Universitat Jaume I. Compagino la tarea de abogado con la de árbitro-letrado del Consejo Valenciano de Cooperativas.
Un bufete con dos sedes en la Comunidad Valenciana
Trabajamos en dos despachos, uno está situado en La Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, y el otro en Valencia. Aunque en el desarrollo de nuestra profesión nos relacionamos con todas las ramas del ordenamiento jurídico, el bufete se centra fundamentalmente en el ámbito civil y mercantil, y, más específicamente, en el Derecho de sociedades. Somos dos abogados en ejercicio y cuatro empleados con titulación universitaria. Si bien atendemos a numerosos particulares, nuestros clientes son mayoritariamente empresarios.
La Constitución en las facultades de Derecho
Pertenezco a la generación de letrados que, durante la carrera, tuvo que estudiar una norma nueva, la Constitución. Recuerdo que algunos profesores criticaban parte de su contenido, como el relativo a la organización territorial del Estado. Además, como el contexto político era muy inestable, teníamos la sensación de que todo lo que estábamos estudiando podía cambiar. Afortunadamente, la situación fue consolidándose y, tras la aprobación de esta norma jurídica máxima, fueron publicándose diversas leyes que marcaron un hito importante en nuestro ordenamiento jurídico, como la Ley del Divorcio de 1981, impulsada por el ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez, durante el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, o el Estatuto de los Trabajadores, en 1980.
Inestabilidad en los primeros años de la Transición
La percepción que tengo de la primera etapa de la Transición es la de una alta inestabilidad política. Fueron años muy difíciles, llenos de dudas e incertidumbres acerca del futuro; UCD estaba en el Gobierno y no se sabía a ciencia cierta cómo acabaría el nuevo proceso político iniciado tras el fallecimiento de Franco. En 1981, cuando se produjo el golpe de Estado, me encontraba en Valencia, y recuerdo a los soldados por las calles de la ciudad, de madrugada. Por otro lado, a diario los periódicos se hacían eco de alguna noticia relacionada con el terrorismo. Mucha gente se preguntaba si España estaba preparada para acoger el sistema democrático que estaba en marcha. Durante los primeros años no se apreciaron realmente los cambios, pero finalmente se palparían cuando todos los partidos políticos fueron legalizados: tuvimos entonces la sensación de vivir un orden totalmente distinto.
Defensa de un Estado central fuerte que equilibre el sistema autonómico
Es evidente que, con el tiempo, muchos partidos políticos han moderado el extremismo propio de los primeros años de la Transición. No obstante, el nacionalismo continúa en su misma línea radical, pues ha de justificarse ante sus militantes y simpatizantes. La enseñanza de historia y geografía, así como la lengua, en España son usadas por determinados partidos políticos para dividir a la gente. De ello surgen grandes problemas, puesto que no hay colegios públicos donde los padres puedan educar a sus hijos en castellano, lo que denota una triste y cicatera actitud política que sólo sirve para fomentar la hostilidad entre los ciudadanos. Comprendo que los partidos nacionalistas deban responder ante sus electores y reclamar lo que crean conveniente, pero, en estos momentos, aquello que fue bueno y sirvió para suministrar recursos, cohesionar y vertebrar todo el territorio y aminorar la distancia entre el Estado y los administrados, se está desorbitando en muchos aspectos. El camino ahora debe orientarse hacia el afianzamiento de un Estado central fuerte, capaz de reconducir los desequilibrios o injusticias que puedan producirse entre las distintas autonomías.
No creo necesario modificar el texto constitucional
Algunos consideran que la Constitución ya no es válida, que ha pasado el tiempo y que es preciso modificarla, sobre todo en el aspecto relacionado con la territorialidad. En mi opinión, eso sería negativo. Nuestra Carta Magna es una buena norma, refrendada por todos los españoles, y nos ha servido para caminar durante el período de mayor prosperidad de España. Creo, pues, que no hace falta modificarla. No obstante, si fuera necesario cambiarla, está claro que debería hacerse con el consenso de los partidos mayoritarios.
El órgano gubernamental del poder judicial debería ser más técnico y menos político
Aunque nuestro sistema propugna la división de poderes, lo cierto es que, en España, el poder judicial ha estado y seguirá estando politizado. Parece que los dos grandes partidos y las principales coaliciones autonómicas son totalmente incapaces de llegar a un acuerdo para que el gobierno de la judicatura se lleve a cabo por los propios magistrados y con un sistema democrático derivado de la propia Administración de Justicia. Sin duda, debería ser un órgano mucho más técnico, integrado por personas elegidas por su capacidad profesional y no por su afinidad política.
Hay medios humanos y materiales para cambiar la Justicia, pero no voluntad política
Hoy sabemos que el número de casos que se acumula en los juzgados es cada vez mayor, sobre todo en períodos de crisis como el actual. Inconcebiblemente, la Justicia sigue siendo el poder al que menos importancia se da dentro de los poderes del Estado, cuando realmente existen medios, elementos y personas capacitadas para paliar este déficit. Ante esta situación, es indiscutible que tiene que operarse un cambio, pero este sólo será posible si existe voluntad por parte del Gobierno. Para ello no es preciso el consenso general, bastaría con incrementar los medios e introducir determinados cambios legislativos a los que seguramente nadie se opondría. Asimismo, sería necesaria una norma que mejorara la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, que evitara trámites innecesarios e hiciera un mayor uso de las actuales tecnologías de la comunicación entre abogados, procuradores y justiciables, lo cual sería muy beneficioso para el sistema jurídico español.
Se promulgan leyes con el objetivo de satisfacer las expectativas electorales
Una realidad, que ya mencionaban mis profesores de la Facultad de Derecho y que continúa vigente, es que las mejores normas suelen ser las leyes antiguas, elaboradas por prestigiosos juristas con profundos conocimientos del Derecho. Hoy en día las leyes se redactan en los gabinetes de los partidos políticos gobernantes, son demasiadas, poco meditadas y, con frecuencia, promulgadas con el objetivo de satisfacer las expectativas de los electores.
Ventajas del arbitraje y de la conciliación
La actual Ley de Arbitraje debería servir para que se fomentara la aplicación de este sistema. Se evitarían muchos costes y, fundamentalmente, se reducirían los largos períodos de tiempo que el justiciable ha de esperar para recibir justicia. Si las empresas, en sus contratos, introdujeran una cláusula arbitral, por rudimentaria que fuera, siempre que cumpliera la norma y que hiciera que, en caso de conflicto, se tuviera que acudir a un tribunal de arbitraje, se solventarían muchos problemas de demora en la resolución de litigios. Asimismo, ahorraría muchos pleitos. Por otro lado, en determinadas materias existe también la opción de la conciliación previa, con la cual a veces es suficiente para no tener que acudir al arbitraje posterior, donde un mediador tiene que decidir.
Juan Carlos I debería continuar su reinado el máximo tiempo posible
Probablemente nuestra monarquía sea la institución menos contaminada por los partidos políticos y por las ideologías. Es una de las fórmulas de gobierno más respetadas y que mayor estabilidad puede dar al país. Tenemos un Rey integrador que nos representa y que goza de la simpatía de los ciudadanos. Juan Carlos I está haciendo un papel imprescindible y discreto de servicio a España y debe seguir desempeñándolo de la misma forma mientras tenga capacidad. Siempre que goce de buena salud y todo funcione como hasta ahora, el Rey debería apurar al máximo su reinado. La abdicación prematura no tendría razón de ser teniendo en cuenta su prestigio en el ámbito internacional; sólo en el momento en el que ya no fuera apto, debería pensar en abdicar en favor de su hijo. Entretanto, el Príncipe ha de continuar adquiriendo experiencia mediante sus actos institucionales. En el futuro, espero y deseo ver el reinado de Felipe VI, no porque me declare monárquico, sino porque tengo muy claro que este sistema ha funcionado correctamente.
