Texto del 29-09-2008
Fotografía cedida por Riera & Reig Abogados.
Respeto por la pluralidad y voluntad de diálogo traslucen las opiniones de Sergio Riera, quien creció en los ambientes politizados de la Transición y se define como un hombre progresista. En pro de la buena salud de nuestras leyes, defiende la legislación programática frente a la sobrevenida mediatización de las normas. Asimismo, se muestra partidario de reformar la Constitución, empezando por replantear la validez de un sistema tan anacrónico como la monarquía.
Todo abogado sabe que evitar un pleito es una victoria
Dirijo junto a mi socia, Mª Jesús Reig, un despacho multidisciplinar, además de contar con la colaboración de otros dos letrados. Me dedico sobre todo al Derecho civil, pero en el bufete tratamos otros casos referentes a contrataciones, derechos reales, Derecho inmobiliario, cuestiones mercantiles, etc; es un despacho multidisciplinar por la condición de opositores a judicatura durante cinco años de los dos titulares. Confieso que he abandonado progresivamente el Derecho penal desde que ya no ejerzo en el turno de oficio, sobre todo debido a la dificultad psicológica y emocional que conllevaba, y que a menudo era difícil de compaginar con el ejercicio diario de la profesión. Pero, de hecho, si tuviera que definir una especialidad sería la de procesalista. Mi hábitat, por así decirlo, es el de los juzgados; ponerme la toga tiene un significado muy importante para mí, lo que por supuesto no implica que conduzca a un representado ante el juez sólo por mi afición a ello. Todo abogado sabe que evitar un pleito es una victoria.
Tengo un recuerdo infantil muy vívido de la Transición
Durante la Transición, mis padres residían en Madrid. Crecí en un ambiente de actores y literatos, y en casa se respiraba directamente la convulsión política del momento; nos frecuentaban personajes que luego han intervenido en la vida pública del país. A pesar de mi corta edad, me sentía partícipe de lo que estaba sucediendo y me daba cuenta de la trascendencia histórica de la época. Tanto es así, que recuerdo que, con poco más de cinco años, llamé a mi padre para comunicarle que habían liberado a un secuestrado.
Sin división de poderes efectiva viviremos en una permanente transición
El ejercicio de la abogacía es una de las actividades profesionales que requiere menos inversión. Hoy en día, con un ordenador, algunos libros y un lugar donde ubicarse, ya se puede trabajar. La misma simplicidad es extrapolable a la Administración de Justicia. Existe en ella un evidente problema de medios; pero su reforma no pasa sólo por la informatización. Opino que la necesaria regeneración del sistema no se aborda porque habría que cambiar, entre otras cosas, el medio de elección y legitimación de los jueces y fiscales. Me sorprende que las altas instancias de poder aún no se hayan puesto de acuerdo para renovar un órgano tan fundamental como el Tribunal Constitucional, y que haya sido un clamor general el que haya intervenido en el cambio de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial. Debería ponerse fin a los contrapesos partidistas que impiden que el sistema funcione. Sin división de poderes viviremos en una permanente transición. Además, me parece fundamental que se mejore la formación de los magistrados.
Caos legislativo aumentado por la falta de calidad y claridad de las normas
Desde hace tiempo se legisla a golpe de reglamento y con un resultado nefasto. El caos de normas que se entrecruzan es insufrible. Se está descuidando, incluso, algo tan básico como la calidad –y claridad– del lenguaje a la hora de redactar las leyes. Al fin y al cabo, las normas se componen de palabras, y un uso inadecuado de éstas dificulta su interpretación y provoca conflictos. Si a ello le sumamos que, debido a la saturación de los juzgados, cada vez llegan menos cuestiones al Tribunal Supremo, que era la instancia que nos coordinaba y sentaba jurisprudencia, el desconcierto es aún mayor. Lo más preocupante sucede cuando se legisla ad hoc sobre determinados aspectos de una ley general. Ahora mismo, por ejemplo, estamos estudiando la Ley Concursal de 2003 y nos vemos obligados a hacer verdaderos esfuerzos para aplicarla a los numerosos concursos que existen en este momento.
Nefasta dinámica de legislar bajo la presión de los medios de comunicación
En la primera legislatura de Zapatero se promulgaron las leyes de forma correcta, según su programa electoral; como ejemplo, tenemos la Ley de Matrimonios Homosexuales, algo tan simple, y tan técnicamente impecable, como extender a todas las personas la norma del matrimonio. Del mismo modo, hubo otras leyes de inspiración programática que se hicieron oportunamente. Sin embargo, el buen criterio duró poco, y empezó la deriva hacia la mediatización, esto es, la dinámica de cambiar las normas según las noticias periodísticas. Las medidas de política criminal, que es como denominamos a este tipo de normas surgidas al calor de los medios, normalmente tienen un pésimo resultado y, además, perjudican la estructura del sistema, sobre todo en una norma como el Código Penal, que debe tener sentido desde el primer artículo hasta el último.
La discriminación positiva es inadecuada y peligrosa en Derecho penal
Como hombre de izquierdas, siempre he estado a favor de la discriminación positiva: creo que es justo favorecer a los secularmente agraviados sin perjudicar al resto. Sin embargo, la discriminación positiva en el ámbito del Derecho penal me parece inadecuada y peligrosa. Sin ir más lejos, en el caso de la Ley de Violencia de Género, dicha discriminación supone que un denunciado esté prácticamente condenado, no ya en el juzgado, sino en comisaría. Y todo ello sin mencionar el tema de las denuncias falsas… Está claro que era necesario tomar medidas contra este mal social y que por algún sitio era conveniente comenzar. Sin embargo, en el ámbito penal una ley tan parcial implica dislocar el ordenamiento jurídico, dañar el Código Penal y pretender solucionar problemas sociales en un foro equivocado. Aun así, no creo que los sucesivos gobiernos, incluso si son de derechas y lo pregonen, la deroguen.
Es más temible el inmovilismo que la reforma constitucional
La Constitución fue la culminación de una fase histórica de consenso. Hoy, 30 años después, ya es hora de afrontar algunos cambios en ella: no debe darnos miedo reformarla. En mi opinión, es más temible el inmovilismo, que impide adaptar la norma a la sociedad. Por poner un ejemplo: es necesario tratar en profundidad los artículos 148 y 149 relativos a las competencias de las comunidades autónomas, porque ciertos procesos no pueden ser detenidos y, de no regularse, terminarán realizándose de todos modos, y de forma unilateral e incorrecta, como ya pretenden algunos grupos nacionalistas. Igual que ocurrió con el proyecto de Código Civil de 1851, sería necesario pactar con las diferentes comunidades para llevar a cabo una modificación adecuada del texto constitucional.
Soy un firme defensor de la descentralización
Acercar la Administración al ciudadano ha supuesto un gran avance, pero, en realidad, era el segundo el que necesitaba acercarse a la primera. La aproximación debe ser en ambas direcciones, y en ese terreno aún hay trecho por recorrer. A otro nivel, la descentralización ha tenido un claro efecto pacificador. La Constitución, además, recogió muy bien las diferentes velocidades de las comunidades autónomas, reflejadas en el desarrollo posterior del proceso autonómico. Recientemente leí un libro de Eduardo García de Enterría en el que decía que el ordenamiento jurídico se ha multiplicado por 19: las 17 comunidades autónomas además de Ceuta y Melilla. Hoy, ni el mejor de los juristas puede abarcar todo el ordenamiento jurídico español. A pesar de los problemas que pueda crearnos este gran corpus legislativo, soy un firme defensor de la independencia autonómica, y no veo por qué debemos temer que comunidades como el País Vasco y Cataluña disfruten de un autogobierno fuerte.
No es oro todo lo que reluce
El despegue valenciano no se ha dado sólo desde el punto de vista autonómico. Se han vivido también procesos locales muy importantes, que confío sean sostenibles en el tiempo. Y hemos tenido la suerte de contar con un tejido empresarial que no ha fallado. No obstante, no todo son alabanzas y, aunque la ciudad de Valencia ha sido embellecida, su esplendor ha hecho que se desatiendan otras cuestiones. Así, quedan muchos problemas por solucionar: a nivel cultural, por ejemplo, el valenciano se está perdiendo. Sin ir más lejos, soy castellano-parlante cuando anteriores generaciones no lo eran; y que se pierda una lengua y una cultura es algo dramático.
¿Felipe VI, el último de nuestros reyes?
Confío en que la situación política evolucione y la monarquía acabe cayendo por su propio peso. Los republicanos somos legión, y nuestro deseo sería vincular la legitimidad del Jefe de Estado a la que le otorguen los votos de los ciudadanos. Ello no significa que, si Felipe VI llega a reinar, no deba ser respetado; aunque me gustaría que la monarquía finalizara con él. Además, me parecería muy honroso que fuera un final feliz, porque no hay necesidad de derrocarla. No viviremos en una democracia consolidada hasta que se haya planteado al pueblo soberano una consulta sobre el sistema de Estado que prefiere. Creo que la institución monárquica no es necesaria para este país y que debemos volver a la república. En cambio, no me parece oportuno que don Juan Carlos abdique; es su sucesor quien, en su día, por propio convencimiento, debería iniciar el debate acerca de su misma pertinencia dentro del Estado.
