Texto del 08/10/2008 .
Fotografía cedida por José Mª Segovia.
Como uno de los dos socios directores del prestigioso bufete Uría Menéndez es una de las voces más influyentes y reconocidas de la abogacía española. Con una larga experiencia en asuntos societarios, ha desempeñado el cargo de secretario del Consejo de Administración de numerosas compañías punteras. Tiene claro que la Administración de Justicia requiere de mayor dotación presupuestaria para su optimización; asimismo, cree que en nuestro país hay mucho republicano juancarlista.
Un despacho, una empresa y una institución
Siempre decimos que Uría Menéndez es tres cosas: primero, un despacho de abogados que trabaja a la antigua usanza, es decir, con oficiales, maestros y aprendices; segundo, una empresa con mil trabajadores, lo que nos obliga a ser competitivos y eficientes. Hemos de lograr retribuir bien a nuestros empleados porque sólo con buenos sueldos atraeremos a los mejores profesionales. Y tercero, también es una institución que pone su conocimiento y recursos al servicio de la sociedad. A través de la Fundación Profesor Uría, la firma contribuye al desarrollo de diferentes proyectos humanitarios y fomenta el voluntariado entre los miembros del bufete. Por ejemplo, desde hace tres años, unos cien letrados del despacho dedican cuatro tardes, cada curso escolar, a visitar más de veinticinco colegios públicos con alumnado inmigrante o de sectores marginales para explicarles en qué consiste el Estado de Derecho; culmina el curso con una recreación de un juicio en el que ellos son el jurado, de forma que comprueben que hay muchos ángulos desde los que pueden entenderse y analizarse las cosas. Mensualmente, también visitamos dos centros penitenciarios, para tratar con internos temas de Derecho.
Ni en el tardofranquismo fue España un Estado de Derecho
En un Estado de Derecho los ciudadanos deben poder ejercer los derechos que nacieron con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y culminaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos por la ONU en 1948. Estos derechos no existían en el tardofranquismo. España era un Estado con normas donde el poder no respetaba las libertades formales, las tradicionalmente denominadas “libertades burguesas”. Por ello, afirmar que todo Estado es de Derecho es como pretender suprimir el adjetivo. Estado no es, ni mucho menos, sinónimo de Estado de Derecho.
En la Transición todos tuvimos que renunciar a algo para transformar el país
De la Transición tengo un recuerdo en blanco y negro porque, para mí, la España de entonces era un país muy gris, sin color. Pero al mismo tiempo fue una época apasionante en la que parecía factible realizar un cambio de realidad. Cuando miro atrás tengo una sensación de cierto éxito colectivo. Trabajamos entre todos y nuestro esfuerzo nos llevó a donde estamos hoy, y eso tiene un valor. Es cierto que todos tuvimos que renunciar a muchas cosas, que las decisiones no fueron del gusto unánime, pero era la única manera de conseguir transformar el país.
Los ciudadanos deberíamos ser más exigentes con la clase política actual
La clase política de la Transición tenía más capacidad y mayor visión de Estado que la actual. La principal diferencia entre ambas es que entonces había políticos amateurs con una estructura de partido que también lo era. Actualmente los partidos son básicamente aparato. Sus miembros van subiendo lentamente de escalafón y son pocos los que, tras mostrar su desacuerdo, pueden permitirse renunciar a su cargo y retornar a su profesión. El sistema existente va propiciando una determinada manera de entender la actividad política. Ello no significa que hoy no haya gente que también pretenda mejorar el país, pero probablemente en las estructuras bajas de los partidos pese mucho más la aventura política que el interés general. Opino que los ciudadanos podríamos exigir mucho más a la clase política actual.
Sigue existiendo un enorme temor a la palabra “federal”
En España la palabra “federal” sigue despertando un enorme temor y, dado que este término es innombrable, estamos en el de Estado de las Autonomías, que finalmente se aproxima o rebasa en algunos puntos al sistema federal de otros países, que no por mantenerlo han acabado rompiéndose. Sin embargo, ni los políticos ni los que defendemos este sistema hemos sabido explicárselo a nuestros conciudadanos. Gran parte de la ciudadanía sigue sin entender por qué nuestro Estado autonómico permite que exista, por ejemplo, la inmersión lingüística. Veo positivo que haya personas que defiendan esa inmersión y otras que se muestren contrarias a ella: soy partidario del equilibrio en este tipo de cuestiones. Al final, las cosas suelen permanecer en el punto medio en que han de estar. En nuestro país, pues, no se rompe nada, sino que más bien se avanza poco a poco.
Hay bastante demagogia en algunas reivindicaciones autonómicas
A menudo leo declaraciones de políticos autonómicos que afirman que su comunidad no percibirá menos de la media con respecto a la contribución del Estado a otras autonomías. Nadie les ha preguntado si no saben aritmética, ya que, para que un territorio reciba la media, tiene que haber otros que estén por encima y por debajo de la misma. Es, en realidad, demagogia. Por otro lado, también considero que los representantes de cada autonomía han sido elegidos por sus ciudadanos, forman parte del Estado español y sus opiniones merecen un respeto. Y por ello –y por un mínimo ejercicio de fair play democrático– no caben descalificaciones genéricas a la clase política de una u otra comunidad autónoma.
Deficiente y confusa técnica legislativa actual
Probablemente, la técnica legislativa actual es deficiente y confusa. Existen normas que no se entienden porque son endebles gramaticalmente. A esto se añade un enorme volumen legislativo. Cuando empecé a ejercer, recuerdo que los abogados casi necesitaban sólo el tomo de las leyes de Medina y Marañón. Allí estaba recogido prácticamente todo el Derecho español. Esto hoy es impensable. El primer Gobierno de Felipe González intentó paliar los efectos negativos del exceso legislativo: cuando se publicaba una ley, ésta tenía que especificar todas y cada una de las normas que, por oposición a ella, quedaban derogadas. Fue un intento loable y clarificador. Sin embargo, no funcionó porque el legislador ha sido incapaz, ante tal volumen de normas, de llevarlo a la práctica. Es cierto que se legisla demasiado, pero no lo es menos que la vida es cambiante y no es inhabitual que parte de la legislación devenga obsoleta. Sin embargo, creo que el problema no reside en la cantidad sino en que se legisla para resolver un problema concreto y puntual con una norma de carácter general, lo que provoca que se acabe legislando mal.
Es imposible que jueces y funcionarios judiciales realicen adecuadamente su labor con los precarios medios de que disponen
Sólo existe un modo de solucionar los retrasos y los errores judiciales: una mayor dotación presupuestaria para modernizar los juzgados, doblar el número de jueces y aumentar su salario. Pero resulta que los políticos son partidarios de bajar los impuestos. Es suficiente con entrar en la secretaría de un juzgado para quedarse aterrado con la enorme cantidad de papel que se amontona y con el modo de archivar los casos o la documentación. Si pensamos en el número de casos que entran diariamente en un juzgado, sabremos que es imposible que un juez y un secretario los afronten de una manera medianamente eficiente. Y, desde mi punto de vista, desempeñan su labor de forma adecuada.
Debería potenciarse el reconocimiento social de la judicatura
En los primeros 50 años del siglo xx, el juez tenía una autoridad y un reconocimiento en el lugar de su demarcación. Ahora, no es una profesión muy valorada desde el punto de vista social. Pensemos que un juez tiene las más de las veces unos ingresos comparables, o menores, a los de un joven que ha estudiado Ciencias Empresariales y que lleva trabajando cinco años en una multinacional. A pocos les atrae la magistratura, por el esfuerzo y dificultad que conlleva preparar la oposición y el riesgo a fracasar; muchos prefieren ser notarios o abogados del Estado. Se debería conseguir cambiar el escaso reconocimiento social de la judicatura. Hay, al menos, que remunerar mejor a estos profesionales.
Fue un error constitucionalizar el Consejo General del Poder Judicial
Se suele confundir la escasa independencia del Consejo General del Poder Judicial con la independencia incuestionable e inamovible de los jueces. Es preocupante el descrédito que se ha labrado la judicatura por culpa de su órgano de gobierno. En él, se ha generado la apariencia de que el magistrado no vota bajo criterios técnicos y profesionales, sino de acuerdo con la conveniencia del partido que le nombró. O se pone fin a esta situación o habrá que suprimir el Consejo. Opino que fue un error constitucionalizarlo.
En nuestro país hay mucho republicano juancarlista
En el último siglo, la monarquía en España no estaba muy enraizada. No se consolidó hasta el 23 de febrero de 1981. Ese día, el Rey se ganó el derecho a seguir siéndolo y, sobre todo, a ser respetado. En nuestro país hay mucho republicano juancarlista, entre los cuales me incluyo. Con el Príncipe sucederá algo parecido: deberá demostrar su valía para ganarse a la ciudadanía. Desde luego, su preparación es excelente, pues me consta que gozó de unos estudios universitarios bien estructurados, dirigidos a adquirir conocimientos variados en diversas materias y ámbitos. De todos modos, nuestra monarquía, como cualquier otra institución, siempre pasará por una reválida continua.
