Texto del 17/11/08 .
Fotografía cedida por Juan José Seoane.
El deporte proporciona salud física y mental, una realidad en la cual insiste Juan José Seoane, quien defiende la educación como método para combatir la violencia generada en la práctica deportiva. Asimismo, cuestiona el excesivo intervencionismo de la Administración, abogando por una mayor vinculación del deporte con la sociedad civil. En otro terreno, concibe la Constitución como un instrumento flexible y critica la falta de transparencia de los órganos superiores de Justicia.
Una carrera profesional dedicada al Derecho deportivo
Soy abogado en ejercicio y presidente del Comité Ejecutivo del Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo, árbitro del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo y ex vicepresidente del Consejo Vasco del Voluntariado. Asimismo, ejerzo como profesor del Curso de Derecho Deportivo de la Fundación Estudiantes y Gómez Acebo & Pombo. Me licencié en Derecho por la Universidad de Deusto. Luego cursé el Máster de Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida, el de Administración y Dirección Deportiva por la Universidad Complutense de Madrid y el de Tributación y Asesoría Fiscal del Centro de Estudios Financieros. Soy colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Álava. Mi actividad se centra en el Derecho deportivo, el de familia y el de asociaciones y fundaciones. Me han publicado varios artículos, básicamente, en la Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y he colaborado como ponente y conferenciante en diversas universidades.
Dilema entre ruptura o reforma
En Euskadi –concretamente en Vitoria– concurrieron una serie de circunstancias particulares que tuvieron mucha influencia en la Transición, sobre todo en el período crítico de 1975 a 1978. Baste recordar el 3 de marzo de 1976, en el que el desalojo de la Iglesia de San Francisco de Asís, en la que se celebraba una asamblea de trabajadores, acabó con el ametrallamiento policial de los asistentes, lo que a su vez provocó la muerte de cinco de ellos y heridas de bala a más de un centenar. Esos años coincidieron con mi época universitaria, donde viví con intensidad los últimos momentos del régimen franquista, el debate de la Transición y el referéndum sobre la aprobación de la Constitución. No obstante, no llegué a estudiarla, porque el Derecho político se impartía en los primeros cursos y cuando empecé la carrera Franco aún vivía, por lo que tuve que estudiar las Leyes Fundamentales de ese régimen. Entonces, los profesores obviaban el estudio profundo de la legislación franquista para centrarse en el Derecho político en general y en el comparado. Eran tiempos en los que se planteaba el dilema entre ruptura o reforma. La sociedad y la clase política, ante los duros antecedentes históricos, viendo que era necesario enfrentarse a una nueva realidad y con la vista puesta en la integración europea, optaron por la reforma. A posteriori resultó una decisión acertada.
Nuestra Carta Magna es la base del Estado de Derecho, no un texto inalterable
Debido a la inexperiencia, muchos políticos utilizan la Constitución como arma política en vez de considerarla simplemente como el marco jurídico en el cual se desenvuelve nuestro quehacer diario. La Constitución es un instrumento que, en un momento dado, sirvió en la forma en la que se redactó, pero no significa que sea inmutable y que haya que temer su modificación. La Constitución italiana, por ejemplo, recoge en su propio texto la posibilidad de su actualización para su constante adecuación a la realidad vigente en el momento en que hay que aplicar sus preceptos. La Carta Magna de 1978 se creó con unas raíces y unos equilibrios diferentes a los actuales. Si no queremos quedarnos anclados en el pasado, debemos entenderla como la base de un Estado de Derecho democrático y social, no como un texto sagrado, inalterable.
Pese a las inversiones en infraestructuras, en Euskadi poseemos una Justicia similar a la del resto del Estado
En cuanto al aspecto material de la Justicia, en Euskadi gozamos de unos niveles muy altos: poseemos buenas dependencias y modernos palacios de Justicia. Además, fuimos pioneros en la informatización y en la formación del personal. Pero, al final, tenemos los mismos defectos del resto del sistema judicial del Estado. Salvo determinada normativa específica, básicamente de carácter administrativo o fiscal, la legislación es la misma; por tanto, utilizamos los mismos textos y criterios. El número, el tipo y la composición de los juzgados se establecen desde el ámbito del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. El hecho de tener mejores edificios no significa que tengamos más juzgados o mejores jueces. Hay los mismos juzgados y los mismos jueces que tendríamos si el sistema fuere distinto, porque todos pertenecen a una lista única.
Órganos superiores de Justicia bajo control político
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que debe tomar decisiones trascendentes de un gran calado político. Como los partidos son conscientes de ello surgen las luchas intestinas por su control. Es bueno conocer la ideología de un juez del Tribunal Constitucional o de un miembro del Consejo General del Poder Judicial, pero sería adecuado que la limitaran al máximo a su ámbito íntimo y personal. Sin embargo, existe una vinculación muy directa de los integrantes de estos órganos con los partidos. Habría que intentar seleccionar a personas que tengan la máxima cualificación profesional y que no se desenvuelvan en el terreno de la batalla política.
Excesiva crítica a la labor de los jueces
Los jueces se limitan a aplicar la ley que previamente ha elaborado el legislador. Aún así, se suele descargar toda la responsabilidad sobre el juez, lo cual genera constantes polémicas que trascienden a los medios de comunicación y que fomentan de forma ilógica consiguientes reformas legislativas, como por ejemplo las del Código Penal. De esta manera se dictan apresuradamente agravamientos de penas o condenas complementarias. Se debería examinar detenidamente lo que ocurre en todos los países que nos circundan, para saber qué está sucediendo en relación a determinados delitos y penas. En España legislamos muchas veces con el corazón y, cuando el resultado se plasma en un texto a aplicar, se producen las distorsiones y contradicciones. Conviene que las acciones pasionales dejen paso a reflexiones más científicas.
Peculiaridades del Derecho del deporte
La posibilidad que plantean muchas federaciones internacionales de que el deportista no pueda acudir a los tribunales ordinarios para reivindicar sus derechos generó un intervencionismo estatal excesivo que ha superado el justo equilibrio entre la tutela de los derechos individuales y la articulación de la actividad deportiva. Es curioso observar que las legislaciones con mayor ingerencia en materia de deporte en el ámbito europeo corresponden a los cuatro Estados que tuvieron en el siglo xx una dictadura –Italia, Alemania, Francia y España–. El resto tiene unas leyes menos controladoras y una cultura en la que el deporte está mucho más vinculado a la sociedad civil. Aquí se está planeando que muchos de los ámbitos del Derecho deportivo deben volver a la sociedad civil y abandonar el control de la Administración. Para resolver litigios en el mundo del deporte, en Euskadi se ha establecido un tribunal arbitral que ha querido desligarse del ámbito federativo y adquirir una connotación independiente. Este tribunal está fuera de las federaciones y tiene una composición plural y especializada. El problema radica en que la Administración deja muy pocas materias susceptibles de ser examinadas por estos tribunales. La mayor parte de los conflictos que puedan darse dentro del mundo deportivo los revisa la Administración estatal o autonómica y luego llegan a los tribunales de lo contencioso-administrativo. Así todo se complica, ya que la experiencia muestra que un procedimiento que acude a la resolución contencioso-administrativa puede demorarse 8 ó 10 años.
Por una política preventiva contra la violencia en el deporte
En algunos aspectos deportivos vamos bien encaminados utilizando modelos globales. Respecto al dopaje, por ejemplo, se ha constituido una asociación mundial (AMA); existen criterios fijados, una cierta uniformidad y se vela por determinados principios. Con todo, echo en falta una política preventiva en el ámbito de la violencia en el deporte profesional, básicamente en el espectador pasivo. Se trataría de conseguir que los espectadores disfrutasen de los encuentros sin mostrarse verbalmente e incluso físicamente agresivos, lo cual repercutiría en los deportistas contendientes. Lo ideal sería conseguir un cambio cultural, de manera que quienes apoyan al deportista en el terreno de juego, lo hicieran desde unos principios positivos y nunca estimulando la animadversión.
Si se produce una pronta sucesión, es probable que tengamos un nuevo Rey
En España vivimos un proceso monárquico que no sabemos cómo culminará, aunque todo indica que seguirá un transcurso sereno. Durante la Transición se especuló sobre la posibilidad de que la monarquía tomara de nuevo el poder y presentara tintes de absolutismo, pero hoy es evidente que esa era y es una opción anacrónica. Respecto al futuro, si se produce una pronta sucesión, pues este debate aún no está cerrado, es probable que tengamos un nuevo Rey. Entretanto, los jóvenes herederos al Trono de toda Europa siguen preparándose para su posible cargo, pero sus objetivos no son los mismos del pasado, ya que suelen anteponer su vida privada a la pública. En todo caso, el futuro de la monarquía, aquí y en otros países, es bastante incierto.
