Texto del 23/12/2008
Fotografía cedida por J. R. González Prieto.
Apasionado de la historia, el Derecho y la política, el letrado Juan Ramón González Prieto evoca con entusiasmo los años de la Transición y se enorgullece de la sensatez con que se abordaron los acontecimientos. Convencido de lo innecesario de retocar la Carta Magna, reivindica en cambio reformas urgentes y necesarias tanto en el poder judicial como en el legislativo. Anhela una mayor avenencia entre magistrados y abogados, así como una reflexión profunda sobre la vulneración de derechos por parte de las autonomías.
Rememorar la Transición como una etapa positiva
Tenía 13 años cuando murió Franco pero guardo un recuerdo muy vivo de la Transición, porque el tema político siempre ha estado muy presente en mi vida, tanto por interés personal como por relación familiar, ya que mi padre y mi abuelo fueron alcaldes de Laguna. Lo que más recuerdo es la figura de Adolfo Suárez y el golpe de Estado, hecho éste que supuso el cierre de aquella etapa. Después, con la mayoría absoluta de Felipe González, las cosas cambiaron mucho.
La clase media dio un ejemplo de madurez durante el período de transición
La clave de la Transición estuvo en la reforma política. Había desorden, terrorismo extremo, tensión ciudadana, agitación y una crisis económica considerable. Pese a ello, la clase media dio un gran ejemplo de madurez sobreponiéndose a todas esas turbulencias y resolviendo el asunto acertadamente. Personalmente, añoro la práctica política y social de la época.
Optar por la monarquía supuso un gran acierto
En aquel momento se barajó la posibilidad de la ruptura en favor de un modelo republicano. Para el alumbramiento de la democracia, la figura del Rey fue sumamente decisiva. Su primera intervención supuso la desaparición de las cortes franquistas y, con ello, finalizó una etapa y comenzó otra inmediatamente. Fueron procesos continuos y supervisados por Su Majestad. Opino, pues, que optar por la reforma supuso un enorme acierto; si se hubiese impuesto la opción rupturista y, por tanto, por la república, seguramente nos habría conducido al fracaso, ya que no habría habido una figura indiscutida liderando el nuevo sistema. Además, el problema territorial que presenta España tiene tales especificidades, afecta de una manera tan medular a lo que es el ser y la esencia de este país, que solamente la monarquía hace que podamos reunirnos todos alrededor de un proyecto común.
¿Podrá el Estado español sobrellevar las acometidas del nacionalismo más exacerbado?
Si no existe lealtad por parte de los nacionalismos a la Constitución y a nuestro sistema estatal, no hay proyecto político que armonice todos los problemas, de diversa índole, que afectan una realidad nacional tan complicada como la de España. Mi duda es si el Estado va a poder sobrellevar las acometidas provenientes de las regiones donde el problema nacionalista está exacerbado. En este sentido, el asunto de la reforma política durante la Transición fue providencial, y que en aquella época, con tanta carga emocional y tantas perturbaciones, existiesen personalidades capaces de solventar y llevar adelante el proceso ha de llenarnos de orgullo y servirnos de reflexión.
Decepción ante el proceso autonómico
El proceso autonómico ha sido para mí decepcionante. Al principio, su planteamiento me pareció original y correcto, pues había que dar una salida institucional e histórica al problema territorial. Además, el Estado de las Autonomías venía a reivindicar la estructura regional anterior. Sin embargo, todo ello se recoge en el Título VIII de la Constitución, un texto, admitámoslo, imperfecto en cuanto a planteamiento y redacción. De hecho, toda la Carta Magna es apropiada, salvo el título citado y el artículo 2 del título preliminar, donde aparece el término “nacionalidades”, verdadero origen de todas las discordias, ya que la mala interpretación del vocablo desemboca en ideas independentistas.
Política antisocial en algunas autonomías
Existe una verdadera política antisocial por parte de algunos gobiernos autonómicos, que vulneran derechos fundamentales, y creo que estamos viviendo una situación en que el Estado de Derecho está garantizado sólo por el momento. Ante estos sucesos escasean las movilizaciones sociales, a excepción de algunas plataformas cívicas que están alzando sus voces contra estas vulneraciones.
Si se hubiera optado por el modelo de Estado francés, seguramente la convivencia habría sido imposible
El Estado centralista francés no nos sirve de modelo. Creo que la autonomía es conveniente y que el progreso, a pesar de los costes administrativos o burocráticos que pueda tener, ha sido evidente. Por otra parte, no hay que negar el derecho al autogobierno que puedan tener ciertas regiones. Si se hubiera optado por el centralismo francés, probablemente muchos ciudadanos españoles no se habrían adaptado y eso habría supuesto la ruptura de la convivencia. Creo que la solución estaría en el modelo italiano, en el que existen regiones con autonomía pero donde se acepta claramente su pertenencia a un Estado central.
Aplicación del artículo 155 de la Constitución
El presidente de una región ha de tener presente que es el representante del Estado en la comunidad autónoma. Actualmente se está debatiendo sobre el tema de la financiación y todos los líderes autonómicos obvian la solidaridad interterritorial con otras zonas más desfavorecidas. Esta línea de actuación ha de converger en una recuperación de competencias por parte del Estado central, tal y como sucedió en Alemania o Inglaterra. Continuamente se reflexiona acerca del artículo 155 de la Constitución, pero aún no se ha procedido a su aplicación. Pero, si se produjeran las circunstancias legales correspondientes, tendría que aplicarse, suspendiendo la vigencia de cualquier autonomía que hubiera transgredido la ley.
El texto constitucional y su validez en la actualidad
La reforma de la Constitución está prevista en su Título X, pero tiene un procedimiento de modificación rígido, casi traumático, porque implica lograr una mayoría cualificada (la de los dos grandes partidos políticos), la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas. Desde mi punto de vista, antes de realizar cualquier cambio en el texto constitucional habría que plantearse el porqué del mismo para ahorrarnos un procedimiento tan complicado. Se habla de la necesidad de adaptar la Carta Magna a la realidad social pero, salvo en el tema de la sucesión al Trono, no suele concretarse cuáles son esas nuevas realidades ni que puntos constitucionales deben ser transformados. Opino que casi todo el texto constitucional sigue siendo válido y, en cambio, su reforma supondría reavivar viejas tensiones.
Diseño inadecuado del Tribunal Constitucional
Hubiese sido mejor optar por la creación de una sala de lo constitucional en el Tribunal Supremo. La designación de los miembros del Tribunal Constitucional por parte de los órganos políticos produce incertidumbre y recelos. Dicho tribunal es el máximo órgano con facultades jurisdiccionales, ya que puede llegar a anular una sentencia del Supremo; en este sentido, detenta una potestad superior a él y es el máximo intérprete de la Constitución. Por tales circunstancias, y dada la ingerencia política en él, se asemeja, pues, a una tercera Cámara. Cuando uno asiste profesionalmente a representados en busca de justicia y que no están de acuerdo con las resoluciones obtenidas, la opción que nos queda, después de agotar las vías judiciales y de no poder acudir al Supremo, es llevar los casos ante el Constitucional. Pero este tribunal está tan colapsado políticamente, que es casi incompatible con la demanda de justicia de la sociedad.
A veces los magistrados incurren en faltas de respeto hacia los letrados
La Justicia es el poder del Estado más desfavorecido. Los juristas sufrimos un proceso secular de abandono material y sentimental por parte de quien tendría que apoyar con medios tangibles y humanos la Administración de Justicia. Los jueces están trabajando en condiciones de colapso, lo que realmente hace que su labor sea encomiable. Los juzgados y tribunales carecen de un buen sistema informático. Después de tantos años, no se ha sabido establecer canales apropiados de reivindicación, aunque estoy convencido de que la Justicia es un servicio tan capital como la Sanidad o la Educación. Si no se cuida, se pierde bienestar y convivencia social. A su dejadez contribuye, no sólo la falta de medios, sino también la ausencia de responsabilidad de los jueces, un requisito lógico que existe en todas las profesiones: hay un halo de impunidad en la Administración de Justicia. A pesar de su labor laudable, a veces los magistrados incurren en faltas de paciencia hacia los letrados y en actitudes que denotan cierta prepotencia.
El problema reside en las ingerencias entre los distintos poderes del Estado
En España se legisla deficientemente, a corto plazo, abusando de la normativa e incurriendo en un redactado técnicamente precario. Hay demasiada legislación y es imposible que la sociedad alcance su total conocimiento, lo cual induce a su incumplimiento. El problema son las injerencias entre los distintos poderes del Estado. La iniciativa legislativa proviene del Ejecutivo, y el Legislativo se dedica simplemente a su convalidación. No existe, pues, la deliberación. Al cúmulo de normas con contradicciones hay que añadir los tres niveles de legislación que existen en España: el del Estado, el de las comunidades autónomas y el de la Unión Europea. También falta comunicación entre los letrados, los jueces y quienes redactan las leyes.
