Texto del 28/10/08
Fotografía cedida por Rafael García.
Consejero fundador del Consejo Vasco de la Abogacía, miembro durante nueve años de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Vizcaya y actual delegado de la Mutualidad de la Abogacía en Bilbao, Rafael García Moreno considera que el Estado autonómico es adecuado y positivo, pero que hablar de independencia resulta un despropósito. Su experiencia le induce a afirmar que la Justicia española tiene un gran problema en su cúpula, politizada en exceso.
Vinculado al campo asegurador y de la construcción
He asesorado a una serie de compañías aseguradoras de ámbito nacional e internacional, así como a otras ligadas al campo de la construcción, la bioinformática, la fabricación de maquinaria o de vehículos, etc. Además, he sido asesor, durante 30 años, de empresas de viajes, por lo que me he especializado también en los temas jurídicos derivados de esta actividad. Desde que comencé mi andadura profesional soy fundador, junto con mi socio Julio Calderón Gutiérrez, de un despacho de abogados donde trabajan otros diez compañeros, además de una procuradora. Llevo 40 años adscrito al Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, y desde 1987 pertenezco también al de Madrid. He peregrinado por toda la geografía española interviniendo en procedimientos judiciales de lo más variopinto.
Los estudiantes no podíamos saber en qué consistía la democracia
Muchos letrados de mi generación, entre los que me incluyo, no pudimos saber qué era realmente la política, por mucho que estudiáramos la asignatura de Derecho político. No teníamos, o no se nos ofreció, ningún conocimiento sobre la política extranjera y, por tanto, no podíamos saber en qué consistía la democracia; así que nos habituamos a lo que había en España. Carecíamos de derechos pero, pese a ello, vivíamos en la inercia, ya que no nos habían preparado para tener la necesidad perentoria de conocerlos o reclamarlos. Además, quienes carecíamos de vinculación política solíamos tener familiares de ambos bandos y manteníamos una perspectiva más objetiva sobre el enfrentamiento entre los distintos ideales: éramos poco exigentes en cuanto a la postura de uno y otro lado.
Durante el tardofranquismo pude ejercer mi profesión sin problemas
Durante el tardofranquismo estuvimos coartados en derechos políticos pero no profesionales. Personalmente, recuerdo que pude ejercer mi profesión sin problemas. Lo mismo ocurrió con los jueces, que disponían de gran libertad y poder en sus sentencias. Para mí, antes los magistrados ejercían con mayor humanidad. Actualmente, los principios se han visto devaluados; existe un mayor materialismo, otra manera de ver las cosas. Sin embargo, sé que generalizar no es positivo porque puede ser injusto: cada uno ve la realidad desde su propio punto de vista y en función de su experiencia.
Me parece descabellado hablar de independencia
La Constitución es un texto bastante sólido en cuanto a los principios que establece y regula. En ciertos puntos, no obstante, es cierto que podría ser necesaria alguna modificación; pero soy contrario a cualquier reforma relativa a la división política y territorial del país. Creo que, si se llevaran a cabo cambios relacionados con las comunidades autónomas, se potenciarían las desigualdades entre los españoles. El Estado de las Autonomías es positivo sobre todo porque administrado y administrador están próximos. En el ejercicio de mi profesión también es ventajoso: me brinda la oportunidad de hablar de forma directa con la persona que va a resolver un asunto y además puedo darle mi opinión. Sin embargo, opino que hablar de independencia es una exageración. Las autonomías deberían reconocer una única patria. En EE UU, por ejemplo, un ciudadano pertenece a un Estado, pero al mismo tiempo es norteamericano y defiende la bandera de su país. Aquí ocurre todo lo contrario: estamos retrocediendo a la época de los reinos de taifas, donde cada uno pretendía gobernar su parcela, obviando al resto. Es una situación que termina creando inestabilidad.
Discriminación en función del idioma
Un país necesita estabilidad y solidaridad entre sus ciudadanos. Sin embargo, la tendencia en España parece ir en la dirección contraria: los políticos nos están discriminando en función del idioma. En Euskadi, para dar clases de inglés o francés, o para opositar en medicina, hay que acreditar el conocimiento del euskera, lo cual es absurdo. Si se sabe, tanto mejor; pero creo que no hay que exigirlo porque a la larga ello generará una repulsa: no debería convertirse en una imposición agobiante. Hay que reconocer que en Euskadi antes se detenía a una persona por llevar la cadena de su reloj con los colores de la ikurriña o a un señor se le privaba de tener un bar porque las sillas de la terraza tenían los mismos colores. Son casos que conozco personalmente y en los que se cometió una injusticia; pero el pasado no puede, y no debe, influir hasta tal punto en las actuaciones políticas actuales. Por ejemplo, en las ikastolas, las escuelas vascas, el contenido de la asignatura de historia es independiente del de la historia española, cuando es de sentido común que existe una conexión directa entre ambas.
Con la despenalización del artículo 600 del Código Penal se quiso aligerar los juzgados
Actualmente, más que hacer justicia, en algunos casos el legislador pretende sobre todo organizar la Administración de la misma. Por ejemplo, hace unos años, si el ciudadano sufría un accidente de tráfico, fuera grave o leve, tenía derecho a interponer una denuncia y recibir una indemnización. Con la despenalización del artículo 600 del Código Penal se pretendió aligerar los juzgados, que estaban colapsados con este tipo de procedimientos. Eso hizo aumentar el número de juicios civiles, pero ante su coste, muchos demandantes se retraían si la posible indemnización por el accidente era pequeña. Así, el número de causas acabó descendiendo, que es lo que se pretendía con la despenalización.
El talón de Aquiles de la Justicia española está en su cúpula
En cuanto a la necesaria reforma de la Administración de Justicia, creo que el defecto radica en su cúpula, que se halla muy politizada. El Ejecutivo se está entrometiendo en el Legislativo y, obviamente, ello influye negativamente en el otro poder restante. La Justicia no es enteramente autónoma ni libre, sobre todo en su cúpula, por la politización existente; ello es una realidad que debería corregirse.
No fue acertado eliminar los juzgados comarcales y municipales
Asimismo, fue bastante perjudicial para nuestra Justicia la eliminación de los juzgados comarcales y municipales de la forma tan repentina como se hizo, ya que los jueces municipales fueron ascendidos, de pronto, a los juzgados de primera instancia y de instrucción. Además, se crearon nuevas audiencias, con lo que, en muy poco tiempo, dichos jueces se convirtieron en magistrados e incluso en presidentes de sala. Eran profesionales que no habían tenido suficiente tiempo de curtirse en el oficio y que, casi sin experiencia, debían enfrentarse a una quiebra empresarial o a una separación matrimonial. Fue una mala época para el sistema judicial, aunque poco a poco se ha ido mejorando y esos jueces han ido adquiriendo una mayor competencia. Hubiera sido mejor haber realizado el cambio paulatinamente.
En Euskadi no hay excesivas demoras en temas civiles
En Euskadi, hemos tenido la suerte de que el gobierno vasco ha dispuesto los medios con los que cuenta la Justicia, aunque jueces y secretarios de juzgados sigan dependiendo de Madrid. Nuestro sistema informático es pionero, incluso se han trasladado expertos foráneos para copiarlo. Además, en temas civiles no hemos padecido los retrasos registrados en otras comunidades. Ahora empieza a notarse cierta ralentización; en una audiencia previa queda pendiente un juicio para dentro de cuatro o cinco meses, cuando antes era para dos, como mucho. Pero la demora no es excesiva. En el ámbito penal sí hay un retraso mayor, como en todas partes.
El Colegio Arbitral de Bilbao no está respondiendo como esperábamos
Desde el Colegio de Abogados de Vizcaya hemos promovido y creado el Colegio Arbitral de Bilbao. Sin embargo, este organismo no está respondiendo como en principio esperábamos. Para mí, ello se debe a que los abogados, en el fondo no nos fiamos de nosotros mismos; criticamos a los magistrados pero, a la hora de la verdad, preferimos que sean los jueces los que sentencien.
Una crisis económica que pasará a la historia
Ante la crisis económica, los empresarios van acomodándose a lo que va aconteciendo, es decir, no existe una previsión a largo plazo. Pero es que nadie sabe aún muy bien lo que sucederá ni hacia dónde vamos. Nos hallamos en una especie de nebulosa en la que reina la incertidumbre. De momento, los empresarios sólo han adoptado medidas restrictivas en cuanto a gastos, pero nada más; la idea es intentar resistir dos o tres años, a ver si para entonces la crisis ha remitido y pueden volver a su situación anterior.
De celebrarse un referéndum, es posible que la monarquía se derogase
En España, se habla poco de la monarquía; la sociedad, en el círculo en que me muevo, no está ni a favor ni en contra de ella; el tema despierta sólo indiferencia. Por ello, no tengo claro que el Príncipe Felipe llegue al Trono, no tanto porque se le niegue la capacidad de reinar, sino porque parece que a sus súbditos este tema apenas les interesa. Si se celebrara un referéndum, creo que quizá la mayoría no estuviera con la monarquía, sobre todo porque la juventud de ahora no piensa en los valores que puede reportar, sino más bien en los reportajes de sociedad en los que aparece.
