Texto del 29-07-08
Fotografía cedida por Regino Hernández.

Regino Hernández ha simultaneado el ejercicio liberal de la profesión con la docencia y la carrera militar, donde ha alcanzado el rango de Teniente Coronel Interventor y donde tuvo el honor de instruir al Príncipe de Asturias en una asignatura especial que englobaba rudimentos de Derecho y nociones de Derecho internacional. Especialista en temas mercantiles y civiles, plantea la necesidad de reformar la Constitución para resolver el problema territorial de España y garantizar los derechos constitucionales.

Carrera de abogado, profesor y militar

Me licencié en la Universidad de Murcia con los premios de la Fundación Nogués y Juan de la Cierva del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, ambos al mejor expediente de mi promoción. Desde 1974 he desarrollado el ejercicio de mi profesión en el bufete familiar, con el apoyo inestimable de mis dos hermanos. Asimismo, de 1973 a 1977 fui profesor ayudante en la Facultad de Derecho de Murcia, en la materia de Derecho canónico. Éste es un ámbito de la abogacía que, en los bufetes modernos, ha quedado prácticamente relegado al área matrimonial. Sin embargo, hay que recordar que el Derecho canónico fue el medio con el que se introdujo en el Derecho patrio toda la tradición del Derecho civil romano y toda la construcción mercantil y societaria. Desde 1977 hasta el año 2000, he sido miembro activo del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa, habiendo ocupado destinos en el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Armada. Mi experiencia en el mundo militar me ha servido para conocer un grado de compañerismo y honestidad que es difícil encontrar en la vida civil.

Temor y esperanza durante la Transición

La Transición fue una época de grandes esperanzas ante el cambio que se nos avecinaba. Sin embargo, no estuvo exenta, en cierta medida, de temor, más propiciado por la inseguridad social y jurídica que el desconocimiento ante la nueva realidad propiciaba, que por miedo a algún tipo de enfrentamiento violento entre los miembros del régimen y sus opositores.

Importante labor de los juristas para posibilitar la democracia

Una de las misiones de los abogados es la de ir conduciendo a nuestros clientes dentro del marco legal. Durante la Transición, se vivió una situación muy delicada tanto desde el punto de vista económico –una inflación muy elevada– como social –las duras negociaciones entre sindicatos y empresarios– y político –la necesidad de dar equilibrio a posturas ideológicas opuestas. Afortunadamente, el sentido común de quienes intervinieron en el proceso, junto a la importante labor de mediación de los juristas, que aplicamos los cambios y guiamos a nuestros clientes con normalidad dentro de la nueva realidad legal, posibilitaron el consenso que ha quedado como impronta histórica de aquellos años.

Reconocimiento a Juan Carlos I

Hay que destacar la figura de Su Majestad como una de las más relevantes del período. Al amparo de la Ley orgánica del Estado, Juan Carlos I disponía del poder, pero su actuación ejemplarmente democrática se ganó pronto la confianza del pueblo. Sin salirse de los cauces de las leyes fundamentales del régimen, y por tanto dentro de la más absoluta legalidad, el monarca logró llevar a cabo un cambio de sistema desde los cimientos del mismo. Los principios generales del régimen eran unas leyes programáticas muy amplias que recogían presupuestos jurídicos indiscutibles; precisamente su amplitud permitió realizar el cambio democrático dentro del marco legal establecido.

Resolver el tema territorial de España

Opino que la Transición no estará aún completa si no se resuelve definitivamente el tema territorial de nuestro país. Deberíamos aprender de nuestra historia y recordar que, hasta hace relativamente poco, España no era más que la unión de diferentes pueblos por los lazos personales y familiares de su Jefe de Estado, el monarca. No sería hasta la Constitución de 1931 cuando fue definida, por vez primera, como una unidad política. Creo, pues, que habría que lograr una formulación territorial que satisficiera a todos y que zanjara por fin el tema. No soy partidario de un Estado federal, y volver a una configuración estatal pretérita, regida por las atrasadas leyes forales, no me parece deseable. Sin embargo, incrementar el grado de autonomía de cada comunidad, o sencillamente recuperar la configuración de soberanía efectiva que durante muchos siglos ha marcado las relaciones entre los diferentes reinos de nuestra nación, son opciones sensatas y que concuerdan con el perfil histórico de España. Tal vez pueda parecer algo anacrónico, en el marco de una Unión Europea y un mundo globalizado, tener en cuenta este tipo de cuestiones, pero, si con ello logramos olvidarnos al fin de este debate, no es una pérdida de tiempo pararnos a resolverlo.

No implicará la desmembración del Estado una reforma constitucional pactada

La actual Constitución es la mejor que se podía redactar dados los condicionantes históricos e ideológicos del momento en que se gestó. Sin embargo, la realidad de la España del siglo xxi es muy distinta a la de 1978. Por tanto, y dado que la misma Constitución se erige como un texto abierto y susceptible de ser interpretado y modificado, me pregunto por qué no se podría reformar parte del texto constitucional de forma dialogada, tranquila y madura. Si los cambios vienen aprobados en Las Cortes y refrendados por el pueblo español, no veo en ello ningún peligro de desmembración territorial ni de caos normativo.

Diferencias ideológicas mínimas entre el PP y el PSOE

Hoy en día existen unas diferencias ideológicas mínimas entre los diferentes partidos de nuestro país, especialmente entre los dos grupos mayoritarios; son más opciones de poder que de credos. Esta circunstancia es, en mi opinión, algo negativo, que redunda contra del bien común, porque la crítica y la oposición a la actuación de los rivales políticos no responden a convicciones sino a apriorismos partidistas para desacreditar al contrario y recuperar el poder.

Se legisla de cara a intereses electorales

Como consecuencia de lo anterior, se legisla más de cara a intereses electorales y mediáticos que en respuesta a verdaderas necesidades sociales. La Ley de la Violencia de Género es un buen ejemplo de este tipo de práctica; es una norma totalmente propagandística y prescindible. Una respuesta honesta y sobria al grave problema de la violencia doméstica debería haberse limitado a modificar los artículos relativos a este tipo de lesiones en el Código Penal. En vez de ello, se ha promulgado a bombo y platillo un maremágnum de disposiciones que ha instaurado, a mi juicio, una discriminación sexual entre los españoles completamente anticonstitucional. Además, las reformas hechas en el resto del ordenamiento jurídico a instancias de dicha ley ni siquiera se han ajustado adecuadamente a sus presupuestos, lo que ha propiciado caos y la imposibilidad efectiva de aplicar adecuadamente la norma. En cambio, seguimos pendientes de una Ley de Enjuiciamiento Civil en condiciones.

La Comisión de Codificación, organismo garante de la claridad normativa

En la redacción actual de las leyes, y sobre todo de las disposiciones administrativas, echo de menos la antigua Comisión de Codificación, un organismo que existía en el Ministerio de Justicia, encargado de armonizar y unificar el estilo de los diferentes textos legales para que tuvieran una misma nomenclatura y pudieran ser objeto de la armonización jurídica necesaria en todo el sistema legislativo. Hoy en día, la terminología jurídica de las diferentes leyes y disposiciones deviene a menudo caótica y pobre.

Cambiar la actual configuración del Tribunal Constitucional

Tal como se encuentra actualmente configurado, creo que el Tribunal Constitucional no es, hoy por hoy, el órgano idóneo para garantizar al ciudadano sus derechos constitucionales. Debería ser reformado, bien desde su propia legislación, bien desde la misma Constitución, para que fuera independiente y pudiera resolver sus procedimientos de amparo de una manera más rápida y eficaz. Se intentó aliviar el volumen de trabajo de este órgano con la creación de la figura del Defensor del Pueblo, pero ha acabado tan masificado como el propio Tribunal Constitucional.

Deficiente formación de los jueces y saturación de los juzgados

El gran problema de la Administración de Justicia en España es la aplicación efectiva de las leyes en la realidad diaria de los juzgados. Multiplicar el número de leyes o de reformas de las mismas agrava la lentitud de las resoluciones y la escasez de medios para llevarlas a cabo. La Justicia en España padece una gran rémora a causa, tanto de la tendencia actual a judicializar cualquier asunto, de forma que hay un exceso de temas que se acumulan en manos de jueces y juzgados, que no dan abasto, como de la misma formación de nuestros jueces, cuyo bajo perfil se evidencia en unas sentencias que raramente definen y reinterpretan los principios del Derecho y que casi nunca establecen una jurisprudencia magistral.

Los ciudadanos no cuestionan la continuidad dinástica

Soy un firme partidario del sistema monárquico por una cuestión de tradición histórica de nuestro país. Además, nuestra actual monarquía parlamentaria no tiene nada que ver con el absolutismo de otras épocas y, en cambio, posee muchas ventajas en relación a un sistema republicano. El pueblo español ha visto cómo el Rey ha intervenido en los momentos clave de nuestra historia reciente desde el más absoluto respeto a los poderes públicos y a las reglas democráticas y, por ello, dudo que los ciudadanos se cuestionen la continuidad dinástica.