«Nuestro gran reto de futuro es modernizar la Administración de Justicia con carácter general y ajustarla a la actual estructura territorial del Estado»
El método de acceso a la judicatura y, por ende, la formación de los jueces, ha sufrido muy pocos cambios a lo largo de los años. Es, en consecuencia, un método anticuado y no responde a la necesidad de seleccionar jueces con un perfil que no sea el de conocedor abstracto del Derecho. Se trata de un problema grave que necesita de una solución urgente. Otro asunto pendiente de reforma es la organización de la estructura judicial: nuestro gran reto de futuro es modernizarla Administración de Justicia con carácter general y ajustarla a la actual estructura territorial del Estado.
Por otra parte, padecemos una gran inflación de normas. Existe una tendencia excesiva a legislar sobre todo y con demasiado detalle. Algunas veces se promulgan normas al calor de la actualidad más inmediata, lo cual nunca es positivo porque perturba el necesario sosiego del legislador, que ha de determinar qué objetivos se esperan de la ley, valorar su aplicación y calibrar los medios que van a ser destinados para su cumplimiento, así como, cada cierto tiempo, medir su eficacia. No garantizar la plena aplicación de una ley produce un efecto disolvente en la sociedad.
En cuanto a las constituciones, creo que han de ser adaptadas a las necesidades de los tiempos, pues, de lo contrario, se anquilosan y mueren; se vuelven inservibles para ordenar la convivencia política de un país, que es su principal objetivo. En España existe un problema de incapacidad casi genética en este sentido. Las constituciones españolas sólo han sido modificadas por los medios que ellas mismas prevén en dos ocasiones: una en el siglo XIX, para cambiar aspectos tocantes al Senado, y la otra hace pocos años, en 1992, para introducir únicamente dos palabras. Esto debería hacernos pensar. En Francia se reforma habitualmente, y en Alemania se ha remodelado más de cincuenta veces desde el año 1949.
Sin embargo, la cuestión más espinosa sigue siendo el tema de la distribución territorial del poder. Estimo que sólo hay un modo de abordarlo adecuadamente: el consenso. Importa proteger nuestra diversidad territorial y considerar que no todas las zonas despliegan la misma voluntad de autonomía. El reto pasa por adaptar e integrar las distintas voluntades de autogobierno en un único Estado.
Sobre los estudios de Derecho, cabe decir que, para dedicarse a esta materia, se precisa sobre todo vocación. Pero además se cuenta con la ventaja de que es una titulación que permite gran variedad de salidas profesionales. El Derecho posee, sobre todo, un sustrato ético fundamental, una serie de valores sobre los cuales se asienta y que todo profesional debe tener presentes. En España disponemos de juristas bien formados, a un nivel tan alto como el de otros países. El mundo actual nos empuja a una cierta especialización, con grados diversos. La necesaria adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior es una buena oportunidad y un desafío atractivo para mejorar y ampliar nuestra oferta de estudios de grado y de postgrado. Debemos ofrecer una formación continuada que se integre de modo natural en el ejercicio diario del abogado y del jurista en general. Por último, me gustaría señalar que la cooperación dela Universidad de Barcelona con Universidades europeas, norteamericanas e iberoamericanas vislumbra buenas perspectivas de futuro, a partir de las experiencias ya existentes en la actualidad.
